Alfonso Garrido, socio del despacho y especialista en el asesoramiento legal y tributario de deportistas profesionales, aporta su visión experta en El Economista, hablando de las inspecciones de Hacienda a los agentes deportivos. Un tema de máxima actualidad que requiere de un estudio fiscal minucioso. En los últimos años hemos visto como Hacienda está llevando a cabo numerosos procedimientos de inspección a distintos deportistas, siendo los de los futbolistas los más mediáticos, pero también se está centrando en otro asunto que supone un importante coste fiscal para los clubes: las remuneraciones de los agentes.
El próximo 9 de marzo, de la mano de la experta en la materia y socia del despacho, Inmaculada Pineda,se abordarán, de una forma muy práctica, una serie de cuestiones esenciales en materia fiscal relacionadas con el colectivo de trabajadores impatriados y expatriados: residencia fiscal, práctica de retenciones, obligaciones tributarias, beneficios fiscales: exención del artículo 7 p) de la Ley de IRPF y “Prima de Expatriación”, y otros temas vitales para un adecuado tratamiento fiscal de la figura del expatriado desde el punto de vista de la empresa.
Actualmente el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como plusvalía municipal, se encuentra en un intenso debate desde que el 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 59/2017, acordó anular de facto el pago de este impuesto para aquellos casos en los que no exista ganancia alguna al vender un bien inmueble.
La Dirección General de Tributos ha publicado recientemente la Consulta Vinculante V2516/2017, de 5 de octubre de 2017, que aclara que los seguros de vida instrumentalizados mediante un seguro “unit linked”, que carece de valor de rescate, ni total ni parcial, durante toda la vida del seguro, no tributará en el Impuesto sobre Patrimonio.
La Agencia Tributaria a través de la Dirección General de Tributos (DGT, en adelante) emitió el pasado 19 de septiembre, la consulta vinculante V29/2017, en la que se plantea la cuestión sobre si en el caso de que dos personas adquieran un bien inmueble, cada uno al 50%, y deciden, posteriormente, disolver la comunidad de bienes, adjudicando al otro comunero el 100% del inmueble, debería dicha operación estar sujeta al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).